El diputado nacional Esteban Paulón analiza la inédita crisis institucional tras la clausura de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada y advierte sobre la criminalización de la prensa libre.
A fines de abril de 2026, la Argentina presenció un conflicto institucional sin precedentes. El Gobierno nacional decidió prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida implicó la desactivación de las huellas dactilares de unos sesenta profesionales de prensa y el cierre transitorio de la histórica Sala de Periodistas. En una entrevista exclusiva, el diputado nacional Esteban Paulón, experimentado legislador del bloque Provincias Unidas, analizó las graves consecuencias de este accionar oficial.
Para Paulón, la resolución oficial «fue una medida adoptada de manera intempestiva y carente de toda razonabilidad, que se proyecta como una restricción directa y brutal al ejercicio de la actividad periodística». Según el diputado, este acontecimiento no es un hecho aislado, sino que «lo enmarcamos dentro de una escalada sistemática de hostigamiento y descalificaciones públicas que la actual gestión presidencial mantiene desde su inicio contra los medios de comunicación y las voces disidentes».
El pretexto utilizado por la Casa Militar para justificar esta inhabilitación masiva fue una supuesta amenaza a la seguridad nacional, tras un informe emitido en el canal TN por la periodista Luciana Geuna y el cronista Ignacio Salerno. En dicho informe, se utilizaron lentes inteligentes para grabar pasillos del palacio gubernamental. «Como bien aclaró la propia Geuna, el equipo periodístico avisó con anterioridad a los funcionarios de prensa que harían esas tomas, por lo que mal podría sostenerse que fue una grabación clandestina», remarcó el diputado.
El legislador subrayó que el argumento de la Casa Militar carecía de todo asidero. «Las imágenes exhibían pasillos de uso común y libre tránsito, como el Patio de las Palmeras o el Salón de los Bustos, espacios que los estudiantes registran a diario en sus visitas guiadas y que pueden visualizarse públicamente a través de Google Street View», detalló Paulón.Pese a faltar pruebas reales de vulneraciones, el Ejecutivo nacional impulsó una gran denuncia penal por revelación de secretos políticos y militares. Sin embargo, la Justicia Federal desestimó la acusación. Paulón destacó este fallo: «El fiscal Gerardo Pollicita determinó que no existió delito federal alguno, ya que las imágenes no revelaban secretos de Estado clasificados ni ponían en riesgo la defensa nacional; solo mostraban pasillos físicos vacíos y aspectos generales del edificio». A mediados de mayo, el juez Ariel Lijo ordenó el archivo definitivo de la causa, dejando en evidencia el intento gubernamental de criminalizar la labor informativa.
La actitud del presidente Javier Milei durante este conflicto fue fuertemente cuestionada por el legislador. «El Presidente actuó como el principal instigador de esta violencia. Incluso mientras se encontraba de viaje oficial en Israel, y luego a su regreso, utilizó sus plataformas digitales para convalidar la denuncia penal y calificar al 95% de los periodistas como basuras inmundas», sentenció Paulón, agregando que estas acciones degradan profundamente la investidura presidencial.
El 4 de mayo, el Gobierno habilitó una reapertura de la sala de prensa, pero bajo severas condiciones y restricciones. Para el diputado, esto no significó una vuelta a la normalidad democrática. «La reapertura fue estrictamente condicionada y se implementó bajo un severo protocolo de Casa Militar que alteró las dinámicas clásicas de cobertura institucional. A los cronistas se les prohibió caminar libremente por los pasillos», explicó. Además, se ejecutó una exclusión maliciosa al impedir el acceso a dos cronistas de TN y Eltrece, a pesar de tener sus credenciales vigentes.
Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas como el Foro de Periodismo Argentino catalogaron esta situación como un episodio de extrema gravedad. «Ni siquiera durante los oscuros años de la última dictadura cívico militar se llegó a tomar una decisión de bloqueo generalizado y cierre físico total de la Sala de Prensa a los acreditados», aseveró Paulón.
El diputado concluyó sobre sus motivaciones. «La causa estructural es que este Gobierno no concibe al periodismo como un pilar republicano, sino que lo interpreta como una interferencia hostil y una amenaza a la seguridad nacional para debilitar su gestión». Instó a defender la prensa libre.
