Entre el derecho a informar y el derecho a la intimidad hay una distancia que las redes sociales volvieron cada vez más difusa. Especialistas y afectados señalan que no todo lo que genera interés masivo constituye un asunto de relevancia pública, y que las herramientas legales no siempre llegan a tiempo para evitar el daño.
En Argentina existe una distinción jurídica que los especialistas en derecho remarcan con frecuencia: «interés público» e «interés del público» no son lo mismo. María Elena Zamboni, abogada y Secretaria titular del Juzgado de Paz de Hernandarias del Poder Judicial de Entre Ríos, sostiene que la difusión de aspectos de la vida privada debería justificarse en función de un impacto institucional o social, no únicamente por la curiosidad del público. Esa distinción tiene respaldo normativo concreto: la Constitución Nacional, en su artículo 19, protege las acciones privadas de las personas que no afecten a terceros, y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales reconoce el derecho de cada individuo a controlar su propia información.
Sin embargo, los marcos legales no agotan el problema. Para Zamboni, la clave está en la dimensión preventiva: «La reflexión ética apunta a actuar con responsabilidad en la forma en cómo se difunde la información vinculada a la vida de las personas». Una vez que el daño reputacional se produce, las herramientas jurídicas de tutela existen, pero revertir ese daño por completo es difícil.
La socióloga Pilar García Bossio encuadra el fenómeno en una historia que precede a las plataformas digitales. El interés por la vida privada de los famosos se consolidó durante el siglo XX con el auge de la industria cultural: ya Theodor Adorno y Max Horkheimer, en los años 40, describían cómo las estrellas de Hollywood eran construidas como productos de consumo a través de relatos administrados por equipos de relaciones públicas. Las redes sociales, según García Bossio, no crearon esa lógica, sino que la amplificaron: «Lo que sí hacen es permitir que haya gente que sea famosa por el solo hecho de contar su vida». Ese corrimiento alcanzó incluso a las grandes figuras del entretenimiento, que hoy deben abrir cuentas en Instagram o hacer TikToks para que las propias productoras que inventaron ese sistema los sigan considerando, dinámica que la socióloga vincula directamente con el negocio de los algoritmos.
Valentina Pergolini, actriz especializada en teatro musical e hija del conductor Mario Pergolini, describe esa presión desde su propia experiencia: «Hoy en día, al tener tanto acceso a la vida de la gente que está expuesta en los medios, cuando una desaparece un poco ya es como ‘ay, desapareció, ¿por qué habrá desaparecido?'». Pergolini, que desde chica eligió mantener su vida privada fuera del foco público, aplica el mismo criterio cuando produce contenido propio: cuando aparecen amigos o familiares, les manda el video antes de publicarlo y les pregunta si están de acuerdo. «Siempre está bien preguntar», dice. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las figuras públicas tienen un umbral de privacidad más reducido en lo que respecta a su actividad pública, pero no pierden ese derecho de manera total. Pergolini traza su propio límite en esa línea: hacer pública información que pueda poner en riesgo la seguridad de alguien. Zamboni, por su parte, señala que el criterio central debería ser si la difusión de determinada información «va a aportar efectivamente algo necesario para la discusión pública o es solamente por curiosidad, interés, difamación o afectación de una persona o a su imagen».
La tecnología suma una capa más al problema. Según un informe de la empresa especializada Resemble.ai del segundo trimestre de 2025, los ataques con deepfakes (videos e imágenes falsas que simulan a personas reales sin su consentimiento) crecieron más de un 300% respecto al año anterior. En respuesta, en mayo de 2026 la Unión Europea acordó prohibir los deepfakes sexuales sin consentimiento en el marco de su Ley de Inteligencia Artificial, con multas de hasta 35 millones de euros para infracciones graves. En este contexto, la privacidad ya no se vulnera solo con lo que alguien elige contar: también con lo que otros pueden inventar.